La imposición de sanciones por la Administración, en un Estado de Derecho, se rige por determinados principios constitucionales entre los que destaca el de proporcionalidad según las circunstancias concurrentes en el acto ilícito, estimadas de acuerdo con los criterios de graduación legalmente establecidos.
En España no existía ninguna monografía específica sobre estos criterios, no sólo en cuanto a las sanciones administrativas en el orden social sino, en general, en el Derecho Administrativo Sancionador; algo que llama poderosamente la atención, puesto que parte de las anulaciones de las sanciones administrativas y la práctica totalidad de las reducciones sustanciales de su cuantía por los tribunales están motivadas por la incorrecta aplicación de los criterios de graduación que aquí se analizan sistemáticamente, en su contenido sustantivo y en su modo de aplicación.
De esta forma, el autor llena un vacío doctrinal en esta materia y, en consecuencia, este libro resultará de gran utilidad no sólo para las autoridades laborales y los inspectores de trabajo y Seguridad Social sino también para que cualquier administrado conozca mejor los derechos en defensa de sus propios intereses legítimos.