En la actualidad, el consumo de tabaco es un importante problema de salud pública, tanto por las consecuencias sanitarias que conlleva, como por los elevados costes económicos y sociales que genera. Especialmente, en el lugar de trabajo provoca enfermedades, molesta a las personas que no fuman, conduce a la pérdida de productividad y acarrea costes adicionales.
El tema del tabaco presenta una extensa regulación desde varios ámbitos, tanto supranacionales como nacionales. Respecto a los primeros cabe citar el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, hecho en Ginebra el 21 de mayo de 2003 y Ratificado por España por Instrumento publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de febrero de 2005.

En nuestro país, el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo (2003-2007) fue aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el día 13 de enero de 2003, tras casi tres años de estudio.

En cuanto a las normas nacionales cabe destacar, tanto el Real Decreto 192/1988, de 4 de marzo, por el que se limita la venta y el uso del tabaco para protección de la salud de la población, como la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como determinadas normas que la desarrollan.

Además, hay que hacer mención del Anteproyecto de Ley de Prevención del Tabaquismo, presentado en noviembre de 2004, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2006 y que, entre otras cuestiones, prohíbe totalmente el consumo de tabaco en los “centros de trabajo públicos y privados, en espacios cerrados”.