Las Administraciones españolas se enfretan al reto de desarrollar en la práctica la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Para que esta norma realmente cumpla con sus objetivos se requiere un tratamiento masivo de datos personales.

La Ley tiene por objeto conseguir objetivos como erradicar el "papel" en la tramitación, garantizar que el ciudadano no deba presentar documentos que obren en poder de cualquier Administración o facilitar la presentación de documentos digitalizados.

Para ello, por medio de la interoperabilidad se realizarán cientos de miles de comunicaciones de datos a nivel nacional. Los registros telemáticos deberán garantizar seguridad y confianza. La información y el consentimiento serán deberes ineludibles. Deberá garantizarse la calidad de los datos.

No es por tanto extraño que la prtección de datos se manifieste ne la Ley como objetivo, como principio rector d ela actuación en la administración electónica, y como derecho de los ciudadanos. Puede afirmarse pues, que sin protección de datos la administración electónica es imposible.