En este volumen, juristas expertos de diversos ámbitos abordan dos cuestiones candentes respecto a las relaciones entre lo penal y lo administrativo. La primera se refiere a la necesidad de replantear la cuestión prejudicial administrativa en el ámbito penal y la segunda se refiere a la utilización de querellas y acciones penales en el ámbito local. Las conclusiones de los trabajos que se incluyen en esta publicación ponen de relieve la creciente incorporación de conceptos típicamente administrativos a la configuración de ilícitos penales. Ciertamente, las administraciones públicas ejercen poder, y un sistema democrático como el nuestro debe articular un control estricto sobre ese ejercicio.