El Diálogo Social ha formado parte esencial de la configuración de nuestro sistema laboral y social desde la época de la transición hasta nuestros días. En las tres últimas décadas el Gobierno y los Interlocutores Sociales han firmado numerosos acuerdos y compromisos. Siguiendo esta tradición y como continuación a la política de pactos a nivel estatal, el pasado 2 de febrero el Gobierno y los Agentes Sociales firmaron en la Moncloa el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones. La firma se llevó a cabo después de varias semanas de negociación y el Acuerdo ha sido calificado de éxito colectivo por contribuir a que toda la sociedad comprenda mejor el sentido de las reformas y la necesidad de hacerlas en este momento.

La finalidad prioritaria de las reformas es garantizar la viabilidad y el mantenimiento del sistema de protección social así como mejorar la eficiencia de las políticas de empleo en España. En otras palabras, el Acuerdo Social y Económico pretende asegurar tanto la sostenibilidad financiera y la viabilidad futura del sistema español de Seguridad Social, público u universal, para las próximas generaciones, como adoptar las políticas de empleo mediante una atención más individualizada a las personas en situación de desempleo e incrementar sus oportunidades de encontrar una nueva ocupación.

En definitiva, con este instrumento se suman esfuerzos para superar los desafíos a los que se enfrenta la economía española, así como para dar confianza a los ciudadanos, a los trabajadores y a los inversores.