El presente libro recoge los estudios, ponencias y comunicaciones presentadas en el II Congreso Nacional de Distribución Comercial y Derecho de la Competencia celebrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos y organizado por el Instituto de Derecho del Mercado y la Competencia adscrito a la misma.

El modelo de Administración y de actividad administrativa que nuestro ordenamiento jurídico diseña y garantiza, supone la sujeción del empleado público a imperativos legales en un entorno de buena administración. Organización pública a la que el empleado contribuye y alimenta, pero de la que también se nutre y le permite un adecuado desempeño de su función.
En este contexto la idea de responsabilidad resulta esencial, teniendo presente que la responsabilidad de los empleados públicos se asienta, principalmente, sobre el marco de obligaciones que esta obra procede a diferenciar y analizar en función de su alcance:
 Obligaciones generales en el ejercicio de la función pública encomendada.
 Obligaciones más específicas vinculadas a las formas y reglas del procedimiento administrativo.
Este listado de obligaciones no es más que la cristalización positiva de la necesidad de reglar comportamientos para una legal y democrática atención al interés general que se modulará o concretará en función del ámbito o actividad que se trate.

La autora pone de manifiesto que con el proceder de los empleados públicos conforme a Derecho, se verifica el fundamento básico de un auténtico Estado Social y Democrático de Derecho, recordando además que, como regla general, los empleados se encuentran en una posición jurídica que difiere de la del resto de los ciudadanos, de la que derivan obligaciones especiales para con la propia Administración y para con los administrados, justificadas en la autoridad de la que están investidos y por tanto sujetas a una exigencia de mayor rigor.

Abundando en esta línea, como destacado objeto de la obra, los referidos postulados generales sobre obligaciones y responsabilidad de los empleados públicos cristalizan específicamente en el ámbito del procedimiento administrativo en una serie de reglas de notable impacto tanto para la determinación del acierto de las decisiones administrativas como para generar legitimidad y credibilidad en los ciudadanos, lo que, sin duda, representa el trazo más importante para perfilar un entorno de buena administración.