En esta obra se aborda con criterios teóricos y prácticos los numerosos problemas que presenta esa específica parcela de la responsabilidad objetiva de las Administraciones Públicas en relación con sus servicios. La Ley Orgánica del Poder Judicial contiene una regulación particular que se completa con la remisión a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, en su caso, al Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

El libro estudia con detalle la responsabilidad patrimonial por el error judicial declarado previamente, por la prisión provisional sufrida en determinados casos con posterior absolución o sobreseimiento libre, y por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia fuera ya de su núcleo jurisdiccional (retrasos y pérdida de objetos intervenidos, por ejemplo). El lector no encontrará siempre una respuesta definitiva a sus preguntas, pero sí, al menos, una valiosa exposición de los criterios defendidos por el Tribunal Supremo y el propio Consejo de Estado.