El contrato de alimentos es una de las posibles soluciones jurídicas articuladas para sufragar las necesidades de personas mayores y/o discapacidades (sin perjuicio de que pueda utilizarse también por personas que no requieran la protección especial).

El objetivo principal de esta monografía es ofrecer respuestas, lo más acertadas posibles, a las cuestiones controvertidas que suscita esta figura contractual. La urgencia con que se promulga la Ley 41/2003, debida en gran parte a la presión ejercida por el colectivo notarial, conlleva que la nueva normativa del contrato de alimentos adolezca de una falta de rigor técnico-jurídico patente en gran parte de sus preceptos. Esto nos ha obligado a analizar con detenimiento su articulado para intentar esclarecer la ambigüedad de sus términos y completar las lagunas existentes, proponiendo para ellos ciertas modificaciones legislativas así como soluciones a problemas no resueltos por el legislador, realizando también una valoración crítica de las medidas establecidas por éste respecto a cuestiones sí previstas.

Lo limitado de la regulación nos ha obligado a acudir en numerosas ocasiones a las normas generales de las obligaciones y contratos a falta de pacto y de norma específica para solventar cuestiones concretas.

Se ha tratado de realizar un estudio completo de actualmente denominado contrato de alimentos, centrando nuestra atención principalmente en las necesidades que el mismo está llamado a cubrir y en los problemas que puede generar la celebración de un negocio jurídico tan singular y complejo.