Una novedosa, creativa e interesante obra que pretende poner de manifiesto el obsoleto concepto de orden público que después de más de treinta años de democracia sigue considerándolo el Texto punitivo como orden público como ya sucediera en los Textos penales anteriores, y ofrecer como solución un concepto más constitucional y democrático sustentado en la propia definición que del Estado de Bienestar ofrece el propio artículo 1.1° de la Constitución Española como Estado social, democrático y de derecho, de aquí que se proponga una modificación de la rúbrica del Título XXII del Código penal, en el sentido de nominarla "delitos contra el orden público y social".

Además, esta obra lleva a cabo un profundo análisis del delito de atentado y de las nociones de autoridad y funcionario público que ofrece el Código penal, para proponer entre otras cuestiones, que se integren dentro del concepto de autoridad que ofrece el artículo 24.1 de referido Texto penal a todos los profesionales que colaboran para la Administración de Justicia, especialmente los abogados, pues su profesión, en el marco penal entre más, se desarrolla en un ambiente de hostilidad generado por el delito, el delincuente y su entorno social.