La práctica diaria demuestra el cúmulo de cuestiones que suscita el plazo como requisito para que prosperen las reclamaciones formuladas contra las Administraciones Públicas. Al importante número de ocasiones en las que el reclamante y la Administración mantienen posiciones divergentes acerca de la forma en que debe computarse el plazo, se añade la variedad de situaciones posibles, lo que implica que lo que aparentemente constituye una cuestión menor, se convierta en muchas ocasiones en un impedimento para entrar en el fondo de la reclamación.

Consciente el autor de tal realidad, aborda en el libro el plazo para exigir la responsabilidad extracontractual de las Administraciones, y lo hace desde un doble prisma: por un lado, se cuestiona la vigencia de determinadas afirmaciones comúnmente aceptadas, poniendo de manifiesto la inaplicabilidad mimética del instituto de la prescripción en este ámbito tal cual ha sido elaborado por la doctrina civilista; por otro, se sistematizan las distintas situaciones posibles, dando adecuada respuesta a cada una de ellas, todo ello, además, con cita de abundante jurisprudencia y doctrina del Consejo de Estado.