La ley establece que el retraso en el pago de una cantidad da lugar al devengo de intereses. Sin embargo, los Tribunales tradicionalmente han exigido como requisito previo la liquidez de la cuantía principal, utilizando para ello el aforismo latino del in iliquidis non fit mora. Esto provoca que en muchas ocasiones no se paguen intereses al acreedor, quedando impune el retraso y generando una situación injusta. Ello se agrava cuando el deudor es la Administración, sin duda el operador más importante en la economía. Además, hay que tener en cuenta que los intereses son el mejor instrumento para luchar contra la morosidad, un mal estructural especialmente nocivo en la actual coyuntura. En la presente obra se trata de superar esta situación, articulando los mecanismos jurisprudenciales y legislativos adecuados para asegurar que las consecuencias para el moroso son suficientemente gravosas para disuadirle en su conducta.