Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, transcurridos casi treinta años desde la entrada en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), tras una veintena de modificaciones, y, sobre todo, después de la reforma del artículo 135 de la Constitución española y la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera hacía necesario “someter a una revisión profunda el conjunto de disposiciones relativas al completo estatuto jurídico de la Administración local”.

La presente monografía pretende examinar el alcance de la profunda modificación acometida en el ámbito del régimen local español. La Ley 27/2013, en el marco de una discusión de gran calado y sujeta ya a varios recursos de inconstitucionalidad, ha sido cuestionada en sus líneas básicas y tachada como una traba para la autonomía local. Sin embargo, dicha reforma es defendida también como un instrumento para adecuar el funcionamiento de los Entes locales a las exigencias derivadas del artículo 135 de la Constitución Española, así como una garantía para el funcionamiento mismo de los servicios públicos locales.