Las últimas reformas en España en materia de contratación han estado presididas por la finalidad declarada de fomentar el empleo y, al mismo tiempo, reducir la dualidad y/o segmentación del mercado de trabajo, ante la alta tasa de temporalidad y desempleo existente en nuestro país. La reforma laboral de 2012, al igual que sus precedentes, ha tenido como objetivo prioritario, el de fomentar el empleo e intentar cambiar la tendencia empresarial hacia la temporalidad, aunque a través de reglas que dejan prácticamente intactas las estructuras del modelo temporal.