El desempleo juvenil es un problema estructural que se ha visto agravado por al crisis económica. Para combatirlo, la Ley 11/2013, de 26 de julio, adoptó una serie de medidas y entre ellas la creación de una nueva modalidad de contrato incentivado dirigido a la adquisición de una primera experiencia profesional de jóvenes desempleados menores de treinta años. Pese a su configuración como un contrato eventual, el legislador apuesta por un contrato temporal como medida de fomento del empleo juvenil, sobre la base de unas condiciones laborales precarias. El presente estudio analiza el régimen jurídico dicha modalidad contractual, desde una perspectiva crítica.