La compraventa de un terreno rústico, de un solar, de una edificación, o el arrendamiento de inmuebles, son operaciones inmobiliarias que por frecuentes, para un lego en la materia, pudieran tildarse como jurídicamente simples. Ahora bien, por todos es conocido que dicha aseveración, además de ser incierta, puede procurar más de un quebranto de cabeza, amén de un más que probable coste económico, a aquel profesional que acomode su ejercicio profesional o empresarial al dictado de la misma.

Efectivamente, y si desde una perspectiva civil no van a ser pocas las circunstancias que se han de tener en cuenta al formalizar dichas operaciones, no cabe duda que, desde el punto de vista fiscal, son diversos los condicionantes, tanto de carácter objetivo como subjetivo, que influyen en la sujeción de una concreta operación a unos u otros impuestos, o lo que es lo mismo, son diversas las circunstancias que van a determinar que el coste tributario de una operación, tanto para comprador como vendedor, sea superior o inferior. Es por ello que todo aquel profesional que de alguna forma actúa en el mundo inmobiliario debe de contar con los conocimientos necesarios con los que poder influir legalmente en la determinación del referido coste fiscal.