Todo el Derecho administrativo se refiere al control de la Administración y a la tutela de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con ella. Una cuestión nunca resuelta y que además tiene muchos frentes (no sólo el proceso contencioso-administrativo), algunos de los cuales se abordan en los trabajos incluidos en este libro.

Así, se analiza la vertiente procesal del principio de transparencia, que está abriendo a los particulares vías para la obtención de información sobre la actividad administrativa que antes no era accesible ni siquiera a quien interponía un recurso contencioso-administrativo. Por otro lado, se analizan las posibilidades reales de la sustitución de los recursos administrativos por procedimientos alternativos de resolución de conflictos, un cambio siempre aplazado por el legislador pero cuyo alcance ya puede ser calibrado a la luz de experiencias sectoriales y del análisis del marco normativo. El libro continúa con un estudio de la invalidez de los contratos públicos en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que es el campo en la que se han producido, con la introducción del recurso especial en materia de contratación, las novedades más importantes en la tutela de quienes se enfrentan a la Administración.

En el ámbito del Derecho comunitario, que es donde se juega hoy una parte decisiva de la tutela de los ciudadanos frente al poder público, se expone el estado actual y la posible evolución futura de una cuestión tan clásica como fundamental, como es la legitimación de los particulares para la interposición del recurso de anulación. Por último, de vuelta al contencioso-administrativo, se analiza un problema concreto pero de gran trascendencia práctica en algunas situaciones: si la Administración, al retrotraer las actuaciones después de la anulación de un acto administrativo, está vinculada por los actos que se hayan dictado en aplicación del anulado y que hayan quedado firmes por no haber sido impugnados.