En esta monografía se fijan con precisión las posibilidades y límites de la contratación de las sociedades en manos de las Administraciones Públicas, reflejando el necesario equilibrio que debe presidir la actividad contractual de las sociedades mercantiles públicas, e incidiendo en las obligaciones que les vienen impuestas no sólo por el Derecho comunitario, sino también por el propio texto constitucional que garantiza determinados intereses en las actuaciones públicas.