Tras la promulgación de la Ley estatal 26/1984 de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, las Comunidades Autónomas con competencias en la materia han ido dictando sus respectivos Estatutos del Consumidor. Esta obra aborda el análisis de la normativa vigente en la Comunidad de Madrid, así como la adecuación de la misma al marco constitucional.


El libro se estructura en cuatro partes fundamentales, en las que se abordan, por un lado, el estudio las imbricaciones que se dan entre el Texto constitucional y la Ley autonómica y, por otro, la legalidad, vista desde un parámetro de adecuación constitucional, de la propia Ley 11/1998.


La primera parte se centra en el estudio del artículo 51 de la Constitución. El inicio de la etapa constitucional, las diversas corrientes y movimientos ideológicos que pugnaron por la inclusión o no de la protección de los consumidores en el Texto Fundamental, los elementos teleológicos empleados en la redacción de su articulado, etc., constituyen alguno de los aspectos tratados.


A continuación, en la parte segunda, se estudian las consecuencias que se derivan de la especial ubicación de la protección de los consumidores dentro del Capítulo Tercero del Título I de la Constitución, dedicado a los «Principios rectores de la política social y económica». Se analizan los planteamientos doctrinales sobre el alcance jurídico que deben tener los preceptos constitucionales recogidos en el Capítulo Tercero, la aplicabilidad directa o indirecta de la protección de los consumidores según su enunciado constitucional, lo que, por otra parte, marcará las pautas que deben seguirse en un futuro desarrollo del artículo 51 de la Constitución, aspecto fundamental de cara a la posible aprobación de una futura norma de protección de los consumidores.


El desarrollo normativo del artículo 51 de la Constitución mediante la Ley 11/1998 constituye la tercera parte de la investigación. En primer lugar se pretende averiguar si del texto de dicho precepto se infiere una reserva de ley para el desarrollo de esta materia, y cuál es la intensidad de ésta. Ello conducirá a examinar las posibilidades de la entrada de la potestad reglamentaria para el desarrollo de los diversos aspectos de la protección de los consumidores.


En la última parte, se estudia el fenómeno de la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad de Madrid, que trae causa del denominado bloque de constitucionalidad. La dificultad de acotar la materia consumo, desde un punto de vista competencial, los diversos títulos que confluyen sobre la misma, que implican que tanto el Estado como la Comunidad de Madrid ostenten competencias sobre esta materia, los criterios empleados por el Tribunal Constitucional a la hora de delimitar las competencias, etc., son los puntos de atención sobre el que recae el análisis en esta última parte.


El trabajo ha obtenido el VI Premio de Investigación y Consumo, convocado por la Comunidad de Madrid.