El delito de atentado ha estado informado tradicionalmente por la idea de autoridad, cuya bondad resulta cuestionable en un Estado Democrático, en el que los ciudadanos han de ser tutelados en un plao de igualdad, sin que puedan existir prerrogrativas de carácter personal desvinculadas de la función o cargo desempeñados. En el presente trabajo se examina esta figura desde el prisma de los principios constitucionales, que a juicio de la autora aconsejan la reforma del Código pena para acabar con la tutela indiscriminada de todos los funcionarios públicos, limitando la punición a aquellos que por razón de sus atribuciones están especialmente expuestos a la violencia y amenazas de los demás ciudadanos.

En dicho estudio se seleccionan las cuestiones que presentan un mayor interés desde un punto de vista práctico, tomando en consideración tanto la doctrina como la jurisprudencia existencias sobre el tema, y haciendo, además, un análisis comparativo con algunas infracciones previstas en los Derechos alemán e italiano. Todo ello, con miras a mejorar la regulación prevista en nuestro texto punitivo, formulando propuestas que permitan acomodarla a los valores consagrados en la norma fundamental. Por lo tanto, la obra va dirigida tanto a quienes en su práctica profesional han de aplicar este delito, dado que incluye un amplio repertorio de resoluciones judiciales sobre la materia, como a quienes lo analizan desde una vertiente más dogmática o teórica.