Como ha reconocido la doctrina penal moderna, la problemática de las consecuencias jurídicas del delito ha adquirido en el momento actual una nueva dimensión, hasta el punto de que se llega a afirmar que dicha problemática posee hoy el mismo rango científico que se ha atribuido desde siempre a las cuestiones generales tradicionales de la teoría del delito. La pena privativa de libertad continúa siendo la columna vertebral de los sistemas penales más avanzados; no obstante, la doctrina especializada reiteradamente pone de manifiesto que esta sanción, lejos de cumplir los objetivos asignados a la pena, produce un efecto desocializador intolerable y otras muchas consecuencias nocivas. Con la aparición de las formas sustitutivas de la pena privativa de libertad, se le está dotando de mayor discrecionalidad a los juzgadores, para que opten por una reacción penal distinta a la de prisión y así eviten la desocialización y prisionización que produce ésta, adecuándose a las características y circunstancias concretas del hecho y del autor.