La igualdad como idea de justicia constituye un pilar sobre el que se construye toda la arquitectura constitucional, perfilándose, así, como el eje sobre el que éste debe pivotar. En efecto, la Constitución española de 1978 configura la igualdad desde una concepción plural como un limitador y orientador de la actuación de los poderes públicos, como un derecho subjetivo a recibir un trato igual y, además, como un derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.