Dado que la construcción dogmática del delito ha girado tradicionalmente en torno a la modalidad dolosa, el examen de la estructura del delito imprudente, y con ello, el contenido de su antijuricidad, ha recibido una atención subordinada a aquélla. Los esfuerzos doctrinales se han orientado básicamente a delimitar los niveles valorativos que componen el delito imprudente 1, y en concreto, a fundamentar la función de la infracción del deber objetivo de cuidado 2.
Sin embargo, la disciplina que ahora nos ocupa, la concepción, relevancia y alcance de la justificación en la imprudencia, aun cuando reviste un interés dogmático y práctico innegables, en escasa medida ha sido objeto de un análisis pormenorizado en nuestra doctrina 3. La ausencia de un estudio que abarque en su conjunto las diferentes vertientes de la exclusión de la antijuricidad de los delitos imprudentes, ha impedido el desarrollo de un tratamiento específico de las situaciones de «concurrencia, en el propio agente, de culpa y de causa justificante», como describiría JIMÉNEZ DE ASÚA4.
Pues bien, la idea de una dogmática penal concebida desde el dolo ha apresurado el entendimiento inicial de las causas de justificación como instituciones adaptadas a los comportamientos dolosos 5. Un planteamiento que contribuyó a crear un clima reacio al reconocimiento de las mismas en los delitos imprudentes, y que apoyaba su máxima en la incompatibilidad conceptual de la estructura imprudente con el ejercicio de las causas de justificación —por ejemplo, la legítima defensa o el estado de necesidad justificante; en otras palabras, su contemplación requeriría que el resultado lesivo producido en la situación justificante fuera ocasionado «voluntariamente» 6.