La jurisprudencia constitucional recaída en los últimos años sobre el "ne bis in idem" ha dado un giro espectacular, al otorgar un carácter absoluto y no simplemente instrumental a la prevalencia de la via jurisdiccional penal, que se convierte asi en límite a la prohibición de doble enjuiciamiento. Con ello, una cuestión puramente organizativa y procedimental acaba pirmando sobre una de las vertientes de un derecho fundamental, precisamente en los casos en que se parte de una conducta antijurídica de uno de los poderes públicos: la administración