El presente trabajo se aparta de los estudios tradicionales sobre Cajas de Ahorros. Lejos de adentrarse en el infructuoso debate sobre la naturaleza y forma jurídica de estas entidades de crédito, se analizan los factores que apuntan a su integración en el sector público autonómico desde un punto de vista funcional y económico.
La asunción de este carácter público, frente a lo que últimamente se pretende hacer creer, es una constante latente en nuestro ordenamiento jurídico que las normas más recientes Siguen confirmando. Es cierto que se ha reducido la presencia pública en los órganos de gobierno y administración de las Cajas de Ahorros, pero es igualmente claro que sigue existiendo una influencia pública dominante y que, por tanto, estas entidades tienen la consideración de empresas públicas a efectos del Derecho comunitario de la competencia. La participación pública directa en la composición dolos órganos de gobierno, además, no es el único argumento que permite sostenerla inclusión de la mayoría de Cajas de Ahorros en el sector público. Existen otros controles públicos, queso analizan en este trabajo; por ejemplo, los referidos a las decisiones relativas a la dimensión de estas entidades (ya sean fusiones, acuerdos de cooperación, colaboración o alianzas entre Cajas), al desarrollo de su actividad empresarial (por ejemplo, la emisión de cuotas participativas, la concesión de grandes créditos o la adquisición de participaciones empresariales) o, finalmente, a la inversión en obras benéfico-sociales, que serían dudosamente constitucionales en empresas que no estuviesen incardinadas en el sector público de la economía.