El objeto del presente estudio es analizar el ámbito subjetivo de aplicación de la actual Ley de Contratos de las Administraciones Públicas donde se recoge, en relación a esta cuestión, exactamente lo mismo que preveía la hoy derogada Ley 13/1995, de 18 de mayo con la salvedad de algunas modificaciones en determinadas cuantías y determinados aspectos.

Por tanto, se trata de hacer un balance de la aplicación de la LCAP, transcurridos ya cinco años desde su aprobación, y ver si con esta norma, ya sustituida por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas del 2000, se ha conseguido reducir la constante "huida de la contratación pública" por parte de los poderes públicos que tanto ha condicionado la larga y accidentada elaboración de la Ley 13/95, así como la aparición de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado de 14 de abril de 1997, donde pese a que destacan ciertos avances significativos, una vez más se abre el portón a la consolidación del proceso del Derecho Administrativo.