Este trabajo centra su atención sobre uno de los vicios administrativos más arraigados y que más dificulta las relaciones entre las Administraciones y los administrados: la exigencia de documentación innecesaria, indebida o que ya se encuentra en poder de la propia Administración. Este problema, lejos de constituir un tema menor, ha preocupado al legislador que lo considera un serio obstáculo para sus pretensiones de reforma administrativa. Por ello, influido por las experiencias de otros ordenamientos y por una tradición centenaria que liga el derecho subjetivo con la legitimación perfecta de los administrados ante los Tribunales intenta, a través del decálogo de derechos de los administrados incorporado por el art. 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dar una solución a este comportamiento abusivo estableciendo en favor de los mismos un derecho subjetivo a no presentar documentos inexigibles o reiterativos. Sin embargo, lejos de constituir la panacea, esta decisión se ha enfrentado con diversos obstáculos teóricos y prácticos que han limitado su eficacia a pesar de la firmeza jurisprudencial, que no ha dudado en recurrir a la aplicación del mismo cuando estos comportamientos han sido objeto de recurso, y la notable actividad del legislador en la materia. A lo largo de este estudio se ha intentado responder a todos y cada uno de estos interrogantes y plantear las alternativas que permitan avanzar en la depuración de los vicios decimonónicos de nuestra Administración con el propósito de que la misma se convierta, de una vez por todas, en ese ente al servicio de los ciudadanos que la Constitución establece.