La economía española se ha comportado muy bien, pero debe acelerarse el ritmo de las reformas para fomentar una convergencia continuada. De no haber cambios en las políticas, el diferencial de inflación y las modestas ganancias de productividad erosionarán la competitividad de las empresas españolas. La prudencia aconsejaría un diseño algo más restrictivo de la política presupuestaria en el medio plazo. La reducción del diferencial de inflación con la zona del euro requiere reformas estructurales. Hay que fomentar la competencia en varios sectores. Reducir las rigideces de los salarios nominales requiere una reforma del sistema de negociación salarial. Hay que reformar la política de vivienda para estabilizar el mercado inmobiliario. Para mejorar el crecimiento de la productividad hacen falta reformas en muchos ámbitos. Es imprescindible reducir la segmentación del mercado de trabajo. Sigue siendo prioritario mejorar el sistema educativo. Unas mejores condiciones marco potenciarían la adopción de nuevas tecnologías y fortalecerían la eficiencia del gasto en I + D. Son necesarias otras reformas del mercado de trabajo para aumentar aún más la utilización del factor trabajo. Hay que hacer frente a importantes retos fiscales. Es preciso desarrollar los sistemas de información para aumentar la eficiencia del gasto público y afianzar la disciplina fiscal. El proceso en curso de examen del nuevo sistema de financiación territorial debe prestar atención a la evolución demográfica. Aunque justificada, la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria no debe debilitar la disciplina fiscal. Es necesario revisar a la baja los parámetros en los que se basa el cálculo de las pensiones. Las políticas presupuestarias y del mercado de trabajo serán cruciales para limitar la escala de la reforma de las pensiones.