Anterior, la acusación y denuncia falsas, regulada en el art. 325, en el Título dedicado a los delitos contra la Administración de Justicia, venía siendo tradicionalmente considerada una infracción contra la Administración de Justicia. El Código actual continúa regulándola en este Título junto con la simulación de delitos, en el art. 456, pero ha variado diversos aspectos de su redacción. Pese a ello, la jurisprudencia y la doctrina mayoritarias, por el momento, no han modificado los caracteres esenciales en los que se fundamenta su interpretación. Estos caracteres son dos: el bien jurídico protegido y el criterio de la falsedad con el que debe operarse para determinar si efectivamente una imputación es "falsa", según el tenor literal del anterior art. 325, o se imputa "con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad", de acuerdo con el actual art. 456. El fundamento de la postura mayoritaria jurisprudencial y doctrinal se entiende a partir de la evolución histórica del precepto y de su análisis en el marco del Derecho comparado. Sobre esta base se aborda la problemática suscitada por el bien jurídico protegido por el delito, en la que se someten a revisión los criterios que lo han perfilado como un delito pluriofensivo, para, finalmente, tratar los aspectos objetivos y subjetivos del delito. Este libro presenta una particular visión del delito de acusación y denuncia falsas, pues sigue las investigaciones más avanzadas en materia de honor-libertad de expresión acuñadas en el modelo norteamericano. Dicho modelo se considera paradigmático en esta materia, en el sentido de que es el sistema que mejor ha sabido conciliar dos exigencias constitucionales difícilmente conciliables: mantener un margen de protección máximo del derecho fundamental a la libertad de expresión, respetando también un margen de protección máximo del contenido esencial del derecho fundamental al honor.