La configuración de procedimiento administrativo, las garantías del mismo para la protección de los intereses públicos y para el respeto de los derechos de los interesados, ha sido siempre un tema especialmente relevante del Derecho Administrativo, y lo sigue siendo en nuestros días con renovados motivos, en un contexto como el actual caracterizado por la formación progresiva de un Derecho Público europeo. Como es sabido, los actuales entornos de complejidad e incertidumbre en la toma de decisiones pertenecientes a múltiples ámbitos de la actividad administrativa apuntan precisamente a la necesidad de potenciar unos procedimientos satisfactorios desde todos los puntos de vista.

Esta cuestión no se puede desconectar de la posterior garantía jurisdiccional frente a las decisiones administrativas. ¿Es conveniente acentuar las garantías del procedimiento administrativo trasladando las existentes en la vía jurisdiccional? ¿Es necesaria esta jurisdiccionalizadión del procedimiento administrativo? ¿Sería conveniente o necesaria sólo en determinado tipo de decisiones administrativas? ¿En qué circunstancias y con qué límites? ¿De qué garantías se trata concretamente? ¿Qué argumentos concretos justifican adelantar determinadas garantías al procedimiento administrativo o considerar suficiente su presencia en la vía jurisdiccional? ¿Repercute todo ello en la apreciación del grado o intensidad de control necesario por parte de los órganos jurisdiccionales de las decisiones administrativas? ¿En qué términos?

La presente monografía, especialmente dirigida a los interesados en los aspectos teóricos y prácticos de la formación de un Derecho europeo con un importante componente jurisprudencial en esta materia, aporta elementos de reflexión para ofrecer soluciones, al menos parciales, para estos interrogantes y otros relacionados con los mismos. Y lo hace desde la perspectiva concreta de lo que en esta campo aporta la jurisprudencia del TEDH en su labor de aplicación y de interpretación, fundamentalmente de artículo 6 del CEDH, el derecho a un proceso equitativo, en asuntos relevantes desde la perspectiva del Derecho Público.

Así, se sistematiza y se analiza, teniendo en cuenta las características concretas del sistema de protección de derechos del CEDH, la jurisprudencia del ETD (en total se consideran cerca del 200 resoluciones) relevante para la configuración e interrelación de las garantías de los procedimientos administrativos y de las vías jurisdiccionales de control de la actividad administrativa, considerando las exigencias de conjunto del derecho a un proceso justo y lo que tienen de diverso pero también en común los sistemas jurídicos y constitucionales de los países afectados.