La protección jurídica de los discapacitados es uno de los indicadores del grado de civilización de una sociedad. Implica contemplar al discapacitado como "persona" y "ciudadano", titular y portador de unos derechos inherentes que le permitan lograr la plena integración social y jurídica en absolutas condiciones de igualdad, en dignidad y libertad, con la vista puesta en la construcción y configuración de una sociedad sin barreras. Es preciso desterrar prejuicios y estereotipos que todavía falsean la percepción que tiene la sociedad. Por ello, hay que sentar las bases de una nueva política social, económica y cultural de la discapacidad para abrir un proceso político irreversible que permita comenzar a reparar, de modo definitivo, el déficit de ciudadanía del que aún adolecen las personas con discapacidad y sus familias. Como consecuencia de todo ello, en España se han publicado diversas normas para abordar tan heterogénea problemática (entre otras, la Ley 41/2003, de 18 de noviembre y la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad). Y es que, en el ámbito jurídico, se ven imbricadas cuestiones tan importantes como la Constitución Española, la discapacidad, el derecho, el patrimonio especialmente protegido, gestión tutelar por entes pluripersonales (personas jurídicas, fundaciones...), la esterilización o el aborto eugenésico, etc., que es lógico, pues, que esta temática interese no sólo al mundo del derecho, sino a todo el tejido social (médicos, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, mediadores familiares, etc.). La presente obra es un abordaje actualizado de la discapacidad desde el punto de vista jurídico y sociológico.