La libertad de cátedra es hoy un derecho reconocido en la legislación española. Las barreras impuestas por el poder público con objeto de Impedir o restringir el ejercicio de esta libertad han sida definitivamente superadas, pero su consolidación en nuestro país ha sufrido vaivenes y no pocas dificultades, dada la oposición existente entre la verdad religiosa que presidió el Estado tradicional católico y la libertad de enseñanza.
La Constitución de 1812 consagra el establecimiento de una doctrina oficial del Estado -la católica-, introduciendo, por esta vía, el control ideológico en la enseñanza. Esta sujeción del profesorado a una determinada doctrina estatal -generalmente la católica- no es exclusiva del periodo inicial del constitucionalismo español. Veremos, a lo largo de este estudio, que la injerencia del Estado en la docencia -especialmente en la universitaria- se convertirá en algo habitual durante el periodo analizado (s.xix y parte del xx). Cobran singular interés en este proceso las vías utilizadas por el poder para lograr imponer la doctrina oficial en la enseñanza pública, y, en especial, los denominados "procesos de depuración del profesorado". Las reacciones por parte del profesorado ante la injerencia del poder público fueron inmediatas, generando una lucha constante -especialmente intensa durante las llamadas cuestiones universitarias- por preservar su libertad.