Es para mí un verdadero placer escribir estas líneas de presentación del libro que el lector tiene entre sus manos. El mismo trae causa de las investigaciones realizadas con motivo del Grupo de Trabajo «Libertades, democracia y gobierno electrónicos» en el seno del que fue el Primer Congreso DerechoTICs, de la Red de Especialistas en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación (www.derechotics.com), de la cual, a su vez, soy coordinador. Dicho congreso se celebró hace aproximadamente un año, en noviembre de 2004, tiempo que creo razonable para ver ahora publicados los estudios de los miembros de aquella mesa. Cabe señalar que se ha aprovechado este periodo para actualizar muchos de estos estudios. Como sabemos, los ritmos editoriales en papel no son los de internet, y desgraciadamente parecemos aún insertos en una tradición académica en la que parece que la calidad está en el papel, al cual, parece que haya que seguir sometiéndose como expresión de calidad y reflexión.
Justo en octubre de 2005 se lleva a cabo el segundo Congreso Derechotics. A diferencia de la anterior, en esta edición el Congreso está monográficamente dedicado a la materia del presente libro, muestra del creciente interés en la materia y, sobre todo, muestra de la grave necesidad en profundizar en la investigación.
Creo que una de las virtudes de esta obra es la de responder fielmente a su título: «Libertades, democracia y gobierno electrónicos», siendo estas cuestiones, además, íntimamente relacionadas. Podrá apreciarse como el análisis de la libertad y libertades en la red está íntimamente relacionado con la democracia y participación electrónicas. A su vez, la democracia electrónica está inextricablemente unida en la teoría y la práctica con el desarrollo del gobierno y administración electrónicas. De este modo, el trabajo colectivo de autores del mayor prestigio en estas cuestiones con los que he tenido la suerte de contar, se ha centrado en lo que creo que son aspectos fundamentales del análisis hoy día sobre estos temas.
En el primer bloque —sobre libertad y libertades en la red— se abordan varios de sus elementos claves tanto desde la experiencia como del tratamiento estrictamente jurídico. Así, Javier Castañeda, un jurista y periodista profesional de internet, nos pone al día sobre los sorprendentes y alternativos modos y medios de comunicación en la red, a su vez vinculados con el movimiento del software libre. Ya desde un punto de vista más jurídico, se analiza la cuestión clave de la regulación, autorregulación y los filtros en internet, por la constitucionalista María Jesús García Morales. Seguidamente, Andrés Boix —administrativista, que combina su visión más crítica y libertaria con un depurado tratamiento jurídico— afronta el difícil nexo de la libertad de expresión e información y la posición de dominio de los medios de comunicación tradicionales, expresada jurídicamente, entre otras formas, en los derechos de propiedad intelectual. Se trata así la punta del iceberg de la guerra que se libra —y librará— entre los medios tradicionales y los medios y modos de comunicación alternativos en internet. Lo mismo puede señalarse del trabajo de otro administrativista, Eduardo Melero Alonso, quien aborda directamente en el tratamiento de la propiedad intelectual en la red desde una perspectiva tan bien construida jurídicamente como partidista de los nuevos movimientos sociales del software libre, copyleft, etc. Finalmente, concluye este bloque sobre libertades en la red una visión también crítica de la evolución del marco legal de la red, como la que desde la perspectiva de un economista ofrece José Rodolfo Hernández-Carrión.
El segundo bloque, «Democracia, participación y transparencia electrónicas», se inicia con un sencillo estudio de una de las personas que más ha escrito sobre la materia: José Julio Fernández Rodríguez (constitucionalista a la par que politólogo y licenciado en periodismo). Se trata de una reflexión del todo útil para el asentamiento de las premisas y conceptos en las cuestiones de democracia y gobierno electrónicos. A este trabajo, le sigue el estudio de sugerente título de Miguel Ángel Presno, El voto electrónico y el mito de Prometeo, constitucionalista con una experiencia política directa. El mismo resulta a mi juicio el trabajo más riguroso sobre democracia electrónica desde el concreto punto de vista jurídico, a la par de crítico con el desarrollo actual del voto electrónico. Desde una perspectiva menos jurídica y creo que bien complementaria al anterior estudio, me permito considerar actualmente al voto electrónico como una barrera del desarrollo de la una democracia y participación electrónicas inteligentes, en las que se apueste por una transparencia, información y conocimiento del ciudadano. Esta tesis la defiendo a partir de premisas conceptuales y del las mejores prácticas mundiales
Precisamente, «El acceso telemático a la información administrativa: un presupuesto inexcusable para la e-Administración» es el objeto de estudio de Julián Valero, a mi juicio, el mejor jurista de Derecho público en temas de administración electrónica. Bajo la consideración de que la transparencia y el acceso a la información son elementos imprescindibles de la participación, este autor lleva a cabo un fino tratamiento jurídico del acceso a la información pública a través de la red. Dicho estudio se sigue de la particular posición desde un catedrático alemán de Derecho público. Así, Martin Ibler es particularmente crítico con las políticas de transparencia en la administración que pretenden introducirse en aquel país.
El tercer bloque de esta obra es el relativo a la «Administración y Gobierno electrónicos», ámbito muy próximo conceptualmente al de la democracia electrónica, tanto en la teoría como en la práctica. Encabeza este grupo de estudios el del catedrático español de Derecho público en Alemania José Martínez Soria. Su trabajo, bajo el título «Gobierno electrónico en Alemania y Europa», es mucho más que una descripción de la evolución en aquel país y en la Unión Europea. Su riguroso análisis estrictamente jurídico, nos permite conocer de cerca la doctrina alemana por cuanto a los muchos problemas jurídicos que se suscitan con la administración electrónica, así como en el ámbito de la Unión Europea. A este trabajo lo sigue el realizado por dos grandes expertos español e internacional en el desarrollo de la administración electrónica: Christine Leitner y J. Ignacio Criado Grande. Desde el enfoque de la Ciencia de la Administración y a partir del análisis de los premios europeos a las mejores prácticas de gobierno electrónico, se ponen de manifiesto las líneas de necesaria implantación futura.
Después, la constitucionalista Ana Aba Catoira ofrece al lector un interesante trabajo sobre la acción pública en la construcción de la Sociedad de la Información. En el mismo no sólo se analizan las líneas del desarrollo del gobierno electrónico, sino también sus límites y conformación en razón de las exigencias jurídicas, con especial atención al ámbito de la protección de datos. Cierra el bloque y la obra el estudio de Fermín Cerezo, un técnico informático con la experiencia profesional directa en la dirección del gobierno electrónico de un municipio. En este estudio se expone una experiencia concreta, un valioso ejemplo puntero en este nivel local que permite tener en cuenta los aspectos a abordar en la implantación de la administración electrónica.
Se cierra así este trabajo colectivo que, humildemente, considero homogéneo tanto en una alta calidad cuanto en una temática de gran interés y necesitada de desarrollo doctrinal. Su heterogeneidad, si se me permite, es una virtud, en tanto en cuanto si bien la mayoría de los autores son juristas, muy buena parte de ellos cuentan con dobles licenciaturas en Periodismo o Ciencias políticas, a la par de que hay especialistas en Economía, Ciencia de la Administración o Informática. Pese a que parece una moda abogar por la interdisciplinariedad, creo, sinceramente, que en el ámbito de las TICs es más que precisa, en especial para el Derecho, que siempre va a remolque de la realidad y más en estas materias de tan absoluto dinamismo.
Quiero, para terminar, hacer expreso mi agradecimiento no sólo a los autores de este libro, todos ya miembros de la Red DerechoTICs que coordino. Ahora, especialmente quiero señalar los apoyos personales, económicos e institucionales recibidos. En este sentido, cabe discernir tanto el soporte a la investigación en la que el Congreso se halla incurso, cuanto a las concretas ayudas para la realización del Primer Congreso DerechoTICs y la publicación misma de este libro. Todas estas actividades no sólo requieren muchas horas de voluntarioso trabajo, sino de apoyo económico e institucional con el que tuve la suerte de contar.
Por cuanto al voluntarioso esfuerzo, es de obligada referencia el de los que iniciaron en Valencia la andadura de la Red DerechoTICs desde las diversas disciplinas: Ana Montesinos (procesal), Andrés Boix (administrativo), Belén Cardona (trabajo), Carolina Sanchis (procesal), Guillermo Palao (internacional privado), Javier Plaza (civil), María José Vaño Vaño (mercantil) y Sonia de la Torre (mercantil). Carlos Alfonso Mellado, Decano de la Facultad de Derecho no sólo prestó desde el inicio el apoyo institucional sino personal y humano con la afabilidad que le caracteriza. De otra parte, Daniel Rodríguez y Rosa Cano, de la Asociación Derecho y Nuevas Tecnologías y directos colaboradores, han estado en la trastienda de estas actividades, en la parte, muchas veces más ingrata.
Al respecto de los apoyos a la investigación, debe citarse el del Proyecto precompetitivo, programa propio Investigación Universitat de València, bajo el título «Libertades públicas, democracia y nuevas tecnologías», a lo largo de los años 2004 y 2005. En buena medida, este esfuerzo de acciones de investigación tiene su continuidad con el Proyecto de investigación subvencionado por la Generalitat Valenciana «La protección de consumidores y usuarios ante las tecnologías de la información y comunicación y los servicios electrónicos. Especial atención a la Comunidad Valenciana, su normativa y políticas» (2005-2006, GV05/241). De ambos ha sido investigador principal quien suscribe.
No menos obligado es mencionar la ayuda para la realización del congreso de 2004 por la Fundación Bancaja y la Fundación Vodafone. Asimismo debo destacar la ofrecida por la Secretaría Autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat Valenciana, que con su emblemático plan AVANTICS se sitúa entre los más avanzados en nuestro país. Obligada mención es la de la Delegación del Ayuntamiento de Valencia para la Sociedad de la Información, que ha brindado un apoyo muy importante a la Red Derechotics desde sus inicios y lo sigue mostrando incondicionalmente. Asimismo, hemos tenido la suerte de ser acogidos por una de las editoriales jurídica más importantes en el ámbito de la Sociedad de la Información: Comares. Y el agradecimiento es doble, tanto a sus responsables cuanto al Director de la Colección Sociedad de la Información, Santiago Cavanillas, quien desde un inicio recibió favorablemente este proyecto. Y este beneplácito, proveniente del Director del grupo de investigadores en Derecho sobre TICs más importante de España (CEDIB, en les Illes Balears) es del todo reconfortante para quien ha tenido la suerte de coordinar este libro.
A todos ellos, de verdad, muchas gracias.

Lorenzo COTINO HUESO