Las relaciones entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción judicial en el ámbito del recurso de amparo plantean problemas en todos los ordenamientos jurídicos en los que existen esos dos órdenes jurisdiccionales y está previsto ese proceso constitucional. El ordenamiento jurídico español no es una excepción a esta regla. Ha llegado a decirse que éste es uno de los problemas más graves de cuantos tiene hoy planteados nuestro ordenamiento y que así lo ponen de manifiesto los reiterados enfrentamientes públicos entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Es más, este tipo de desencuentros no serían sino la parte visible de una situación de conflictividad más generalizada. Tratar de evitar en la medida de lo posible esos enfrentamientos sería uno de los motivos que harían necesaria la reforma de las leyes orgánicas y procesales que en la actualidad regulan el proceso de amparo.