Contando con el apoyo que proporciona el articulo 38 de la Constitución Española, todo empresario dispone de libertad para contratar o subcontratar la realización de obras o servicios. Se trata, no obstante -tal y corno recuerda el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores-, de una libertad a ejercitar con sujeción a determinadas condiciones dirigidas a preservar los derechos de los trabajadores frente a eventuales incumplimientos o fraudes por parte de la empresa contratista o subcontratista a la que pertenecen. De esta posibilidad pueden hacer uso -lógicamente- las Administraciones Públicas, que quedarán sometidas, entonces, al régimen de responsabilidades diseñadas por el Derecho del Trabajo para quien ocupa ante él la posición de empresario principal o comitente", no en vano es cada vez más frecuente que los adjudicatarios de las concesiones administrativas soliciten, a su vez, la colaboración de otra(s) empresa(s) auxiliar(es) en la prestación del servicio público asumido.

Es más, la adhesión al fenómeno de la descentralización productiva" por parte de los titulares de concesiones administrativas, plantea similares rasgos para los trabajadores de las empresas auxiliares involucradas en la prestación del servicio público que los existentes en los supuestos de subcontratación entre empresarios privados, agravados, no obstante, por la necesidad de garantizar, por encima de todo, la continuidad en la prestación de dicho servicio en beneficio de los usuarios. El legislador social, al margen de las relaciones jurídicas entre la Administración, el concesionario y los subcontratistas, que se rigen por el Derecho civil, mercantil o administrativo viene obligado lógicamente a dar respuesta a estos problemas, superando, de una vez por todas, el exiguo marco normativo vigente en la actualidad, capaz de generar todo tipo de equívocos y contradicciones.