Günther Jakobs describe el Derecho penal del enemigo como aquel sector del ordenamiento jurídico-penal, en el que la pena no significa un reproche hacia la conducta del autor, sino que actúa como un mecanismo de aseguramiento frente a autores especialmente peligrosos. En este sentido, mediante el Derecho penal del enemigo, el Estado no habla con sus ciudadanos, sino amenaza a sus enemigos. El fundamento de esta clase de regulación se encontraría en la seguridad cognitiva que precisan las instituciones normativas para no convertirse en meros postulados teóricos. Dicha seguridad, en última instancia, debe ser garantizada por el Estado al gozar los ciudadanos de un derecho a la misma.

Con independencia de toda aproximación teórica a la cuestión, parece claro que en los últimos años el Derecho penal ha ido avanzando en la atención de la opinión pública de lo que puede llamarse "Occidente" de un puesto más o menos oscuro en las entrañas del sistema jurídico, siempre algo alejado del debate público, a una posición de vanguardia en toda discusión de la actualidad jurídica: no hay problema social que no parezca requerir la intervención inmediata de las normas jurídico-penales para combatir en cuanto antes determinadas conductas desviadas.