En esta monografía se estudia la institución del Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo Andaluz desde una óptica distinta y novedosa: su actividad mediadora como alternativa para el ciudadano y complemento de las instituciones tradicionales de control de las Administraciones Públicas.
Para corroborar esta postura se analizan las actuaciones de ambas instituciones en tres ámbitos
de Las políticas ambientales: el Dominio Público Marítimo Terrestre, el Patrimonio Histórico y la Contaminación Acústica y en cada una de ellas se ponen de manifiesto, por un lado, los vicios graves y frecuentes del actuar administrativo, y por otro la necesidad de integrar en el ordenamiento jurídico y en la práctica administrativa las aportaciones de los Comisionados Parlamentarios.