La publicación de la Ley 7/2007, por la que se aprueba el estatuto básico del empleado público, constituye sin duda un hito relevante en el régimen jurídico de las administraciones públicas y en la propia organización de las mismas, que si han actualizado una gran parte de aquél, habían preterido, al menos temporalmente, la regulación del régimen jurídico del personal al servicio de las administraciones públicas.