El nuevo Estatuto Básico del Empleado Público abre una nueve etapa de reformas en la Función Pública española, al incorporar determinadas medidas novedosas que implicarán, sin duda, cuando se complete su aplicación, un avance real en la modernización de las formas de gestión pública española.

El Estatuto apuesta por una regulación de principios y por una introducción de técnicas de gestión de recursos humanos, más que por una regulación detallada de lo que ha sido dado en llamar la carrera funcionarial. Se produce, así, una atenuación de la intensidad de la regulación básica estatal abriendo, que contarán de este modo con la posibilidad de realizar adaptaciones normativas a sus peculiaridades organizativas.

Además, se incorporan figuras novedosas en nuestra legislación, como la unificación de derechos y deberes de funcionarios y laborales, la introducción de la figura del personal directivo; la evaluación del rendimiento, incluso para los funcionarios con puesto de trabajo obtenido por concurso; la profesionalización de los miembros de los tribunales de selección; el perfeccionamiento del instrumento de la negociación colectiva; o la contemplación de soluciones operativas ante situaciones de violencia de género.