La lucha jurídica contra la violencia de género, acto de violación de los Derechos Humanos, consiste en una compleja red de estrategias multidisciplinares construida a través de la actuación de las instancias jurídicas estatales, en colaboración conjunta con una amplia estructura de organizaciones en el ámbito europeo, nacional y autonómico, pero, sobre todo, a través de profundos cambios en la legislación positiva. Dotar a la violencia intrafamiliar de un renovado cuerpo legal específico (mediante la introducción en el ordenamiento jurídico español de un catálogo de medidas de acción positiva a favor de la mujer víctima de este tipo de violencia) lejos de constituir un mecanismo de desigualdad de trato, es un medio eficaz de ponderación de las fuerzas de inercia social de desigualdad entre los sexos que todavía hoy perviven y constituye ante todo un medio legítimo en Derecho de superación de aquellas barreras estructurales que impiden dar cumplimiento efectivo a la obligación de rango constitucional que los artículos 9 y 14 de la Carta Magna española exigen a los poderes públicos de remover cuantos obstáculos pudieran ralentizar la integración social de sus ciudadanos o ciudadanas.