España, con las nuevas leyes sobre biomedicina, da un salto cualitativo en la regulación de la biotecnología humana, adelantándose incluso la ciencia y a la técnica en el espinoso tema de la clonación terapéutica, y situándose a la vanguardia de la legislación mundial.
Los últimos avances de la ingeniería genética han puesto a nuestra disposición lo que hasta ahora había sido el resultado de miles de años de evolución: la naturaleza
humana. Ante esto, el gran desafío pendiente sigue siendo el de la democratización de la tecnociencia. Las decisiones sobre la investigación en medicamentos, la creación de nuevos seres vivos, la manipulación de las células madre, las prioridades científicas y tecnológicas, cómo, dónde y cuándo hay que aplicar el conocimiento obtenido, en
suma, las decisiones sobre el bien y el mal, no pueden estar sólo en las manos de las empresas y centros de investigación tecnocientíficos, de los científicos y de los
comités de supervisión integrados por expertos de distintas disciplinas.
Las decisiones tecnocientíficas y el uso y la aplicación del conocimiento científico y tecnológico deben estar abiertos a la participación ciudadana y a la opinión pública,
ser transparentes y regirse por los principios del “buen gobierno”. La democracia debe entrar de una vez por todas en el sistema científico-técnico porque el gobierno de la
tecnociencia es un asunto de todos.