En el marco de la delincuencia empresarial, la determinación de la responsabilidad penal individual debe sustentarse en un modelo de imputación que atienda a la realidad organizativa de la empresa. Considerando que los delitos que derivan de una mala gestión empresarial no pueden resolverse castigando sistemáticamente al empresario, esta obra pretende mostrar que el parámetro de referencia en la desvaloración jurídico-penal de conductas es el ámbito de competencia al que esté vinculado cada interviniente. A los efectos de delimitar este extremo, la autora apuesta por una dogmática penal abierta a los aportes de otras ramas de conocimiento no siempre jurídicas.

En la primera parte de la obra se analizan los rasgos esenciales del diseño organizativo y de los distintos modelos de gestión empresarial. De ahí se extrae, según la autora, uno de los aspectos a considerar en la individualización de la responsabilidad: la empresa actual ya no se estructura linealmente y su modelo de gestión es esencialmente descentralizado.

Es más, en el desarrollo de toda actividad organizada es necesario recurrir a ciertos principios de actuación. Entre ellos, destaca el principio de jerarquía, la división del trabajo, la delegación de funciones, la confianza y, por último, los deberes de control y vigilancia. De su estudio como criterios de imputación de responsabilidad penal se ocupa la segunda parte de esta obra. La reconfiguración que de ellos propone la autora, tiene importantes consecuencias en la delimitación de las esferas de responsabilidad penal.

Por último, en la tercera parte se aplica el sistema de imputación elaborado a un sector concreto: la delincuencia ecológica que resulta de una mala gestión medioambiental. Ello constituye un escenario idóneo para plantearse la responsabilidad penal de unos sujetos que recientemente han irrumpido en el panorama empresarial, a saber, los auditores medioambientales.