Funcionarios imparciales: Que los legisladores que coexisten en nuestro actual Estado compuesto están obligados a garantizar jurídicamente la imparcialidad de los funcionarios es algo que se desprende con naturalidad de la lectura conjunta de varios artículos de la Constitución de 1978. Medir el grado de cumplimiento de esta obligación constitucional es lo que el autor de La imparcialidad en la función pública pretende, a través de una encuesta que no se queda, como es habitual, en los funcionarios de régimen común, sino que se extiende al resto de los funcionarios: los fiscales, los jueces, los militares, los guardias civiles y los policías. Una encuesta centrada en las normas legales relativas al régimen de incompatibilidades y prohibiciones, la neutralidad política, la carrera profesional, la provisión de puestos o destinos, la obediencia, la abstención, la inamovilidad, la carrera política y el régimen disciplinario, de las que, como mínimo, depende, según es opinión común de los juristas, la existencia de una independencia funcional en el ejercicio de las potestades administrativas, y que se analizan aquí en la medida en que pueden ser un medio para el aseguramiento jurídico de una conducta de los funcionarios distanciada, leal al Derecho, imparcial, profesional y al servicio del bien común. La investigación se cierra con un balance en el que predomina lo negativo sobre lo positivo -faltan garantías jurídicas de importancia, sobran funcionarios políticos, el valor constitucional de la imparcialidad aparece derrotado- y con una invitación a redescubrir las ventajas que, como Douglass C. North y otros neoinstitucionalistas han demostrado, presenta la burocracia para el buen funcionamiento de la economía. En estos tiempos, en los que, por ejemplo, no faltan anacrónicos discursos militaristas o manipulaciones descaradas, por intereses de partido, del trabajo profesional e independiente que realizan policías, fiscales y jueces, y en los que se acaban de publicar un estatuto básico del empleado público, y reformas legales importantes de los estatutos de los fiscales, militares de carrera y guardias civiles, este libro toca, sin duda, un tema de actualidad.

Rafael Gil Cremades: Natural de Zaragoza, en cuya Universidad cursó los estudios de la licenciatura en Derecho. Obtuvo en 1965 el "Premio Nacional Fin de Carrera". Funcionario -es administrador civil del Estado-, ha trabajado como jurista en las áreas de la vivienda, el urbanismo y, sobre todo, las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas. Colaboró con varios informes en la obra publicada entre 1991 y 1994 por el Ministerio de Administraciones Públicas sobre el Régimen de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. "Comunicación sobre la regulación de las condiciones básicas del artículo 149.1.1ª de la Constitución" (Normativa básica en el ordenamiento jurídico español, 1990), "La Ley estatal 8/90 sobre reforma del régimen urbanístico y valoraciones del suelo, y la potestad legislativa de las comunidades autónomas para definir el estatuto de la propiedad inmobiliaria" (Revista de Derecho Urbanístico, 1991), "Ley de Presupuestos y seguridad jurídica. Sobre la Sentencia 76/1992 del Tribunal Constitucional" (Revista de las Cortes Generales, 1992), "¿Quién puede celebrar convenios de colaboración con las comunidades autónomas?" (Catastro, 1994), "Orden constitucional y actividad de oficio del Tribunal Constitucional" (Revista Española de Derecho Constitucional, 1998) y "El reparto de competencias en el sector económico de la pesca marítima. Historia de una mutación constitucional" (Autonomies. Revista catalana de Derecho público, 1999) son algunos de los artículos que ha publicado. Es autor igualmente de los Informes sobre las Conferencias Sectoriales correspondientes a los años 1999, 2000, 2001 y 2002, publicados por el Ministerio de Administraciones Públicas.