Este libro pretende hacer inteligible también a los no juristas un reto formidable que al derecho y a las instancias públicas les están planteando los avances de la ciencia. No sólo es ya la destacada presencia de cuestiones científicas en la agenda política -cambio climático, transgénicos, generación de energía, biogenética, riesgos medioambientales, etcétera- sino que los progresos de la ciencia, con las aplicaciones técnicas que de ellos pudieran derivarse, generan un creciente desconcierto en las autoridades públicas ante la incertidumbre que con tanta frecuencia rodea sus decisiones en materias con un componente científico relevante. Así es como las instancias políticas y jurídicas de decisión -parlamentos, administraciones, agencias, tribunales- se ven abocadas, cada vez más, a ejercer su indeclinable función decisoria en entornos de reconocida incertidumbre científica. ¿Cómo se está decidiendo en la incertidumbre? Pues tal como aquí se analiza críticamente, con una actitud claudicante del derecho y la política ante las complejidades de la ciencia. Por un lado, el derecho está cediendo facultades decisorias a la ciencia y sus intérpretes. Por otro, la tecnociencia organizada, invocando el conocimiento experto, está ganando espacios en los que debería primar la decisión de las instancias públicas con la debida legitimación democrática y constitucional. Esta deriva cientifista, de la que el llamado principio de precaución es un significativo exponente, no se corresponde por lo demás con los modos de decisión propios del derecho, más proclives a desenvolverse en las ficciones construidas del relato literario que en las rigurosas verificaciones empíricas de la ciencia. Y son los modos característicos del derecho los que habrán de afinarse y actualizarse si se quiere afrontar la cuestión inminente y de gran calado de la responsabilidad, también frente a las generaciones futuras, por las decisiones adoptadas en la incertidumbre.