Durante la década de los años noventa se ha producido un cúmulo de circunstancias que invitaban a retomar el estudio de la extradición con carácter monográfico. Por un lado, la ratificación por el Estado español de diversos tratados elaborados en el ámbito de la Unión Europea, que complementan entre Estados miembros las disposiciones de otros convenios adoptados en el seno del Consejo de Europa y que constituyen fuente prevalente frente a la normativa estrictamente interna.

Por otro lado, tampoco cabe olvidar que, en la práctica jurídica, la extradición está ocasionando numerosos problemas exegéticos —tanto en los casos de extradición activa como en los de extradición pasiva—, que, en numerosas ocasiones, se resuelven ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo, pero que, en no pocos supuestos, requieren un pronunciamiento del propio Tribunal Constitucional. En consecuencia, el estudio de las interpretaciones jurisprudenciales permite pasar por el tamiz de la práctica el crítico análisis de la legislación interna y de la normativa convencional de corte europeo o comunitario.