Colección: Monografías Nº 191

La reforma global de nuestro sistema de proceso penal resulta absolutamente inaplazable, pues, su regulación en la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1881, pese a sus sucesivas actualizaciones, se halla inexorablemente anclada en los esquemas del sistema inquisitivo y se muestra de todo punto incompatible con las garantías procésales consagradas como derechos fundamentales por la Constitución Española de 1978 y por los Convenios Internacionales de derechos humanos suscritos por España. De las distintas fases que componen el proceso penal, precisamente la fase de investigación o instrucción es la que se halla en mayor contradicción con las indicadas garantías constitucionales, lo que ha motivado una vistísima polémica sobre la conveniencia de trasladar su responsabilidad del Juez de Instrucción al Ministerio Fiscal o mantenerla en aquél. Pues bien, en este trabajo, partiendo del análisis de las misiones encomendadas por la Constitución a los Jueces, a los Fiscales y a la Policía Judicial en relación con la investigación o instrucción de los delitos, se ofrece por el autor como opción latente en el texto constitucional la atribución de la primera fase del proceso penal a la Policía Judicial, encomendando al Fiscal la misión de valorarla y defender los derechos fundamentales de las personas implicadas en la misma y reservando al juez la función de tutelar jurisdiccionalmente los derechos de las mismas. Ese sería el modelo constitucional de investigación penal.