Recuerdo cuando, allá por la primavera-verano del año 1992, me incorporé, como Secretario Judicial en comisión de servicio, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se me adscribió a la Sala Segunda, de lo Penal y, en concreto, a la Secretaría de Causas Especiales, donde se llevaban entre otros —y especialmente—, el denominado Caso Filesa (Causa especial 880/91), instruida por el Excmo. Sr. D. Marino Barbero Santos, a la sazón Magistrado de aquella Sala. Con él tuve el placer y el honor de colaborar en la instrucción de una causa verdaderamente compleja por presuntos delitos fiscales, de falsedad, de estafa y otros y, lo que es de resaltar, contra miembros de un Partido Político en aquella época en el poder. Las presiones, trabas y obstáculos que sufrimos fueron innumerables (en palabras del Instructor «un auténtico calvario judicial»); más de veinte mil folios de actuaciones, más de medio millón de documentos anexos; sesenta entradas y registros en entidades bancarias y sociedades mercantiles, ciento veinte recursos, numerosas peticiones de nulidades; es igualmente digno de resaltar, que solamente, a parte del Instructor y de quien esto suscribe, sólo contábamos en tal ingente trabajo con un Oficial y un Auxiliar, verdaderamente magníficos y con una capacidad de trabajo enorme y, por supuesto, muy sacrificada, además de los Peritos designados por la Unidad de Represión y Fraude Fiscal designados por la Agencia Tributaria, de cuyos conocimientos y esfuerzo quedé impresionado. El 28 de octubre de 1997 se dictó sentencia condenatoria contra ocho de los acusados a penas privativas de libertad verdaderamente importantes; otros acusados fueron exculpados por el acortamiento de los plazos de prescripción introducidos por el nuevo Código Penal de 1995, siendo algunos de los acusados absueltos por haberse modificado —oportunamente— en tal Código punitivo la regulación del delito fiscal.
No obstante, no creo que éste sea el lugar apropiado para comentar las incidencias de tal instrucción. Lo que sí quiero es resaltar la calidad humana y profesional de D. Marino; hoy lo considero mi maestro. Pocos me han dado tanto respeto, cariño, tanto aprecio demostrado, en suma, su amistad; amistad verdadera.
Me enseñó Marino, además de Derecho Penal —quizás, seguro, con poco provecho por mi parte— el sentido de la amistad, con la que me honró hasta el final de sus días. Me enseñó el respeto y cariño hacia sus subordinados, preocupándose continuamente por su situación personal y familiar. Me enseño, en definitiva, la valentía de un hombre que mantiene, frente a todo y todos, su ideal de justicia y la consecución de sus fines: que tengamos una sociedad más libre e igualitaria y que todos somos iguales no sólo ante la ley sino también ante los Tribunales de Justicia. Sus ideales le hicieron renunciar a la Carrera Judicial, habiendo alcanzado su grado máximo (Magistrado del Tribunal Supremo), caso único en la historia judicial de España. Los mismos que lo llevaron a la más alta magistratura, al Tribunal Supremo, le defenestraron, persiguieron y abandonaron por no rendirse a sus intereses. No consintió la intromisión de otros poderes del Estado en su trabajo jurisdiccional, manteniendo y llevando su independencia —judicial— más allá de lo humanamente exigible. Su desamparo frente a otras instituciones fue total —«brutal», decía él—. Antes de ceder, él, que fue uno de los máximos defensores de la abolición de la pena de muerte —si no el que más— y de las libertades individuales de la persona frente al Estado, prefirió renunciar y así lo hizo.
Marino, maestro, haberte conocido y querido ha sido uno de los mayores privilegios que me ha dado la vida. Allá donde estés sabes que te recordamos con todo cariño y sabemos que velas por nosotros.
De tu discípulo y, ante todo, amigo.

Madrid, marzo 2004.

RICARDO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ