Un simple repaso de las normas de le Ley de Enjuiciamiento Criminal dedicadas a la competencia penal revela de inmediato la inexistencia, en el momento presente, de una regulación acabada y sistemática de este presupuesto procesal. En el día a día de nuestros tribunales, esa defectuosa regulación genera constantes dudas acerca de cuál es el órgano jurisdiccional que debe conocer de un determinado proceso, tal y cómo demuestra la ingente jurisprudencia sobre esta materia. Si lo anterior parece indiscutible, es preciso reconocer también la dificultad intrínseca de la determinación de la competencia, por cuanto está relacionada con la delimitación del objeto del proceso, la cual, a su vez, salvo en circunstancias palmarias como la fragancia delictiva, sólo puede llevarse a cabo de manera progresiva.
Siendo la competencia un tema de estudio de indudable interés teórico y práctico, faltaba una obra como la presente en la que se ofrece una visión clara, ordenada y totalmente actualizada de la organización de los tribunales penates, de sus atribuciones -o, en otros términos, de las clases de competencia, objetiva, funcional y territorial-, así como de las diferentes técnicas previstas en la ley para el control de la competencia, ya sea de oficio por el propio órgano jurisdiccional, ya sea por las partes del proceso.
A la hora de abordar el estudio antes descrito, los autores centran su atención en el examen de la competencia en los procesos ordinarios, a saber, por delitos graves, abreviado y de faltas, sin omitir las oportunas referencias a otros procedimientos como los denominados "juicios rápidos" o ante el Tribunal del Jurado.