Con una frecuencia cada vez mayor el legislador recurre a los tipos penales compuestos cuya integración requiere la interpretación e integración de disposiciones o normativa administrativa. Son un buen ejemplo de ello, el delito ecológico, el delito urbanístico o los delitos contra el Patrimonio histórico. En estos casos, se produce una accesoriedad del Derecho administrativo respecto del penal que ha sido resuelta normalmente con el pronunciamiento del juez penal en ambos aspectos.
Recientemente el Tribunal Constitucional ha considerado que cuando una cuestión administrativa sea determinante de la culpabilidad o inocencia del acusado, se deberá sustanciar una cuestión prejudicial administrativa. Este nuevo elemento reivindica la importancia del Derecho administrativo y su jurisdicción como elemento preventivo de protección del ciudadano frente al desmesurado crecimiento de la represión penal.
La obra examina, en definitiva, las consecuencias de la hipertrofia de los tipos penales compuestos así como un mecanismo procesal eficaz para devolver cierta seguridad a los derechos de los procesados penalmente. Esta es una de las pocas veces donde la jurisdicción contencioso-administrativa se erige en fundamento y garantía de las libertades individuales frente al poder represor del Estado gracias a una impecable construcción del Derecho al juez predeterminado por la Ley.