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Este libro pretende ser el eslabón perdido por la doctrina procesal penal española que permita alentar la supresión y derogación del proceso penal que se regula en la vigente LECrim. Es una cuestión de sanidad jurídico-procesal. Es una necesidad acuciante en línea de profundización de la disposición final 4ª de la Ley del Jurado según la cual la modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal, se ha de llevar a cabo "generalizando los criterios procesales instaurados" en la Ley del Jurado estableciéndose "un procedimiento fundado en los principios acusatorio y de contradicción entre las partes, previstos en la Constitución "y que suponga actuar "simplificando asimismo el proceso de investigación para evitar su prolongación excesiva".
Si se observa bien, los problemas técnicos que plantea la vigente LECrim, constantemente reinterpretada por la jurisprudencia del TC, son de tal intensidad que quizá no sea desacertado señalar, que aún la asignatura pendiente de la democracia española no resida tanto en la modificación de tal o cual ley procesal, como pueda ser la LEC o la LJCA, que, al fin y al cabo no es habitual que sean portada de prensa diaria en su aplicación práctica, sino justo la LECrim en la que las veleidades operativas del inquisitivo sumarial evidencian a veces inquisidores en su laberinto.
El presente libro pretende, modestamente, preterir la LECrim. Sin soberbia alguna, pero con el convencimiento que la adopción de una adecuada técnica procesal penal posibilitaría la entrada del proceso penal en la democracia [una ley procesal penal de la democracia sería la propuesta]; y que ese acceso pasa por la derogación de la LECrim y la promulgación de un nuevo texto sobre el proceso penal. De no hacerse así, se podría producir un divorcio [como de hecho se está produciendo] entre la práctica judicial y lo que propugna la alonsoniana LECrim, quedando preterida una sana profundización en las propuestas que abogan por el desarrollo garantista de la función jurisdiccional penal (garantismo), planteadas en mi libro El problema de la Administración de Justicia en España (Metodología Constitucional).
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