En los últimos años, el derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas, que venía siendo un simple actor secundario, con un papel casi ornamental en el escenario procesal real, se ha transformado por su frecuente aparición en uno de los personajes más populares y familiares para cuantos desenvolvemos nuestra actividad profesional ante los jueces y Tribunales penales. Las estadísticas sobre los temas objeto de queja en los recursos de casación que se ventilan ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo; o en las demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cantan por sí solas. Las protestas por la violación del «derecho a un proceso en un plazo razonable» —para ajustarnos a la terminología supranacional— se han ido multiplicando progresivamente. Los últimos pronunciamientos del Tribunal de Estrasburgo sobre este derecho referidos a España son condenatorios (sentencias de 28 de octubre de 2003, asunto López Solé y Martín de Vargas, y de 24 de noviembre de 2003, asunto Soto SÁNCHEZ). También contamos ya con algún dictamen del recientemente descubierto por los profesionales de la abogacía de nuestro país, Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declarando el incumplimiento por el Estado Español de su deber de respetar el derecho a un proceso penal sin dilaciones indebidas (Dictamen de 30 de octubre de 2003, asunto Martínez Muñoz). Llama la atención que en el voto particular del citado dictamen se aduzca como argumento que hubiese sido deseable para formarse un juicio completo contar con una traducción de la sentencia del Tribunal de apelación (¡!).
Así pues, ese derecho ocupa hoy un espacio muy significativo en la jurisprudencia nacional e internacional sobre el proceso penal. Está casi llamado a convertirse en estrella. La Recomendación Rec (2004) 6 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre perfeccionamiento del sistema de recursos nacionales destaca en uno de sus apartados que la cuestión de la efectividad de los remedios internos en materia de quejas por duración no razonable de un proceso es de «particular actualidad…, dado el gran número de asuntos llevados ante el Tribunal».

La descripción realizada justifica la oportunidad de la monografía que el lector tiene en sus manos. Si el interés del tema se combina con una mente lúcida y ordenada, como la de su autor, cuyos trabajos se caracterizan por armonizar la fácil comprensión con la profundidad conceptual, se concluirá que estamos ante una obra de enorme utilidad para el práctico y para el dogmático. La exposición completa, clara y bien sistematizada de las raíces y consecuencias en el proceso penal de ese derecho fundamental demuestra un exhaustivo manejo de la jurisprudencia y la bibliografía sobre la materia, que pueden conocerse perfectamente a través de la lectura de estas páginas. No es un mero acopio acrítico de resoluciones e información. El abundante material utilizado ha sido debidamente ordenado, a la vez que tamizado, y aparece acompañado de las siempre atinadas observaciones y sugerentes comentarios del autor. Un breve pero enjundioso anexo final permite al lector sumergirse en el estado de la cuestión en la jurisprudencia con una muy bien realizada selección de los pronunciamientos jurisprudenciales más recientes sobre los puntos más discutidos.
El derecho a ser juzgado en un plazo razonable pasó de ser una principio más bien retórico, que alimentaba discursos genéricos sobre el proceso penal o impulsaba políticas o reformas legislativas más bienintencionadas que efectivas, a erigirse en fundamento de reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia. Empezaron a surgir al mismo tiempo proclamaciones del Tribunal Constitucional declarando que en casos concretos ese derecho había sido lesionado y que la respuesta del Estado no podía limitarse a esa constatación, sino que exigía algo más, aunque fuese un mero paliativo con forma de reparación económica tras la correspondiente reclamación.

Esa respuesta todavía dejaba posos de insatisfacción. Tras vacilaciones y vaivenes jurisdiccionales algo tormentosos (recuérdense las condenas con simultánea declaración de inejecutabilidad por ser tardías; o los debates en el seno de la Sala Segunda cuya posición oficial se modificó radicalmente en pocos años); y tímidos apuntes legislativos (alusiones al indulto como posible remedio en el Código Penal de 1995), se ha asentado una conocida y ya aparentemente pacífica doctrina a tenor de la cual las tardanzas injustificadas en el proceso penal han de dar lugar por regla general a una atenuación penológica.
La exposición de toda esa evolución y del estado actual de la cuestión, así como futuras perspectivas está magníficamente desarrollada por Pablo Lanzarote. Sería absurdo reiterar aquí, aunque sea en trazos gruesos, algunos de esos argumentos. Pero sí quisiera aprovechar estas líneas, haciendo uso de la ocasión que me brinda el autor y colega al invitarme amablemente a prologar su trabajo, para apuntar algunos terrenos de la doctrina al uso sobre el derecho a ser juzgado en un plazo razonable que todavía creo pendientes de exploración y que revelan que, en mi opinión, no se ha profundizado lo suficiente en la materia y que el status quo adolece de cierto simplicismo conformista. Son necesarias soluciones más imaginativas que las derivadas de la importación mimética de fórmulas de derecho comparado o, en último caso, el recurso al indulto. Esa viejísima y cuestionable institución nunca escapa a una cierta sensación de manejarse con criterios, si no arbitrarios, sí difícilmente reducibles a parámetros de igualdad, previsibilidad y seguridad jurídica. Algunas propuestas vienen insinuadas por Pablo Lanzarote en las páginas que siguen, propugnando las necesarias modificaciones legales.